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Los que gobiernan de pesaos |
El Diputado Lacalle Pou dijo en el Parlamento (miércoles 16 de abril de 2008) Señor Presidente: hace unos meses, en la Cámara hablamos de un asunto; si apenas menciono su titular, los colegas sabrán que ha sido una preocupación nuestra y que en estos días está en la opinión pública más presente que nunca. Me refiero al tan mentado tema de las patentes de rodados.
Hoy no queremos hacer un análisis jurídico extenso, sino simplemente recordar dos o tres artículos de la Carta Magna que nos deben iluminar y estar presentes en nuestro análisis. Me refiero, en primer lugar, al numeral 6º) del artículo 297, que establece que es potestad de cada Intendencia fijar un impuesto sobre los vehículos de transporte: la llamada patente de rodados. Por ende, toda ley que pretenda establecer una patente única estaría violando directamente este artículo de la Constitución. Y si dejáramos de lado la Constitución cosa que a muchos les atrae; no es nuestro caso, esto atentaría contra la buena administración: ¿por qué un Gobierno Municipal que se maneja con los recursos que obtiene por una patente de precio bajo, debe cobrar la misma patente que aquel Gobierno que se administra mal? Hay casos crónicos en nuestro país de Intendencias que han sido muy mal administradas, que tienen juicios importantes pendientes, o déficit importantes, y cobran patentes altas. Y hay otros municipios que han administrado bien, cuya plantilla no está recargada de personal, que pueden cobrar patentes más baratas.
Por su parte, el artículo 10 de la Constitución, que refiere al principio de legalidad y de igualdad ante la ley, establece que nadie puede verse obligado a lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Y quiero subrayar la palabra ley porque en este sentido el único órgano en nuestro país que puede retacear, o definir hacia dónde debe estar encaminado el registro, la patente de cada vehículo de nuestro país, es este en que hoy estamos presentes. Por mejor voluntad que tenga el Congreso de Intendentes, simplemente llegarán a acuerdos entre colegas que no tendrán ningún efecto vinculante.
Señor Presidente: hasta ahí el diagnóstico.
En el año 2001, conjuntamente con la entonces señora Diputada Silvia Ferreira y el señor ex Diputado Ricardo Berois Quinteros, presentamos un proyecto de ley que establece, precisamente, un criterio medianamente amplio acerca de dónde deberán empadronar los vehículos los ciudadanos en todo nuestro país. Claro, como no ha tenido tratamiento, puesto que las distintas mayorías no lo han querido tratar en el período pasado ni en este, lo que han surgido son elementos paralegales, instrumentos fuera de la Constitución y de la ley. Tal es el caso de la tasa de circulación, objetada y observada por el Tribunal de Cuentas. Y también es el caso que se está dando en estos días por acciones de la Intendencia de Montevideo, que me atrevo a calificar de "gobernar de pesado".
¿Qué es gobernar "de pesado"? Se trata de la situación en que los ciudadanos, que no andan con la Constitución, con el Código o con las leyes abajo del brazo, sino con sus preocupaciones diarias a cuestas tienen muchas cosas de qué preocuparse, se encuentran con que los frena un inspector de tránsito. Y como en Uruguay estamos acostumbrados a respetar la autoridad, cuando un inspector de tránsito frena a una persona, esta en seguida cree está bien que así lo haga que es un agente o una persona amparada por el derecho, que está aplicando el derecho. Claro, no tiene por qué saber que alguno de estos inspectores, en este caso mandatados por el Intendente de Montevideo, están "gobernando de pesados", exigiendo a la gente constancias de domicilio para ver dónde tienen que empadronar.
Entonces, ¿por qué traer otra vez este tema a la media hora previa de esta sesión? Para empezar, para hacer un reclamo a mis colegas de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Hace un mes que pedimos que fuera citado el Congreso de Intendentes para analizar el tema en esta Comisión, integrada con la de Asuntos Municipales y Descentralización. Se está contraviniendo la larga tradición en esta Casa, en el sentido de que si un Diputado pedía citar a un órgano, por más que en el fondo del asunto no se estuviera de acuerdo, se aceptaba. Sin embargo, hace un mes que nosotros estamos esperando la respuesta del oficialismo. Mientras tanto, de los mármoles de esta Casa hacia afuera la gente está siendo acosada injusta e ilegalmente por agentes del orden, por inspectores de tránsito, quienes deberían más que nadie cumplir las normas.
Entonces, el derecho constitucional y el derecho administrativo, en caso de duda, siempre deberán volcarse en favor del administrado. En esta situación no hay duda. No es que haya vacío legal, sino que la ley no obliga porque no está regulado.
Señor Presidente: La Junta Departamental de Montevideo votó un proyecto por el que se creó el "ombudsman", y a mí me gustaría que en este tipo de situaciones el "ombudsman" saliera a defender lo que tiene que defender: al pueblo, ante excesos de las autoridades públicas. En estos temas, que son bien típicos de discusiones, de problemas y de conflictos entre gobernantes y gobernados, teniendo estos últimos el amparo de la ley, el "ombudsman" ha estado ausente.
Entonces, señor Presidente, quiero hacer un triple reclamo: a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que no se duerma y cite, de una vez por todas, al Congreso de Intendentes; a la Intendencia Municipal de Montevideo, que no gobierne "de pesado", y al "ombudsman", que se ponga las pilas, porque estos temas son propios de su cargo y de la norma que se votó en tal sentido.
Agradezco su tolerancia en cuanto al tiempo, señor Presidente, y solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a las diecinueve Intendencias y Juntas Departamentales, al "ombudsman", a la Presidencia de la República y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Muchas gracias, señor Presidente.
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